Un parche que es técnicamente perfecto
La campaña de deslegitimación emprendida contra los expertos que han diseñado el factor de sostenibilidad de las pensiones es una muestra más del nulo respeto por la competencia intelectual que hay en España.
La incalificable conducta del catedrático Santos Ruesga, que a las pocas horas de haber sido nombrado ya declaraba que «el Gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato», arrojó una sombra de duda sobre el trabajo de sus compañeros. Se les presumen aviesas intenciones privatizadoras y lazos con el sector asegurador y financiero, como si fuera una rareza que en un grupo de expertos aeronáuticos hubiera gente que haya fabricado aviones.
La demagogia queda en evidencia cuando se contempla la solidez de las fórmulas propuestas, una que atiende a la variable demográfica (Factor de Equidad Intergeneracional) y otra a la sostenibilidad financiera (Factor de Revalorización Anual). Se trata, como explicó Rafael Doménech, economista jefe del BBVA, de «factores de sostenibilidad de tercera generación», que si el Pacto de Toledo los adopta nos pondrá por delante de otras naciones europeas que siguen estirando la edad de jubilación.
Ruesga, que votó contra el informe, y el catedrático José Luis Tortuero, que diseñó una reforma de las pensiones para el Gobierno de Zapatero, y que ayer se abstuvo, se quejaron del «exceso de alarmismo» sobre el futuro de las pensiones. Siendo profundos conocedores de la reforma de 2011, ambos saben que los factores de sostenibilidad ya estaban contemplados, aunque no definidos, en esa modificación por lo que su actitud sólo puede responder a una táctica política. Pese a esta corrosiva postura, el presidente de la comisión, Víctor Pérez Díaz, no se amilanó y consiguió preservar un debate técnico que al final dio frutos. Construyó, además, un amplio consenso evitando que Ruesga atra- jera más votos negativos.
Fue muy importante la actitud cargada de realismo de Miguel Ángel García Díaz, director del gabinete de estudios del sindicato CCOO. «Un sistema de reparto sólo puede repartir lo que tiene, no lo que no tiene», dijo ayer García ante la estupefacción de parte del progresismo patrio que aún cree que los déficit se financian con unicornios rosa.
La propuesta pasará ahora al Pacto de Toledo. Pero que nadie se equivoque, esto no es más que «un ajuste paramétrico», donde no se toca el corazón del sistema de reparto ni se superan sus vicios. Nuestro modelo, a diferencia de un sistema de capitalización donde cada trabajador acumula sus ahorros en una cuenta que no se puede tocar, seguirá siendo un agujero contable que opera como un lastre fiscal. Pero lo peor es que el sistema de reparto es una poderosa arma de control político. Mientras su sostenibilidad siga en manos del Estado, la ciudadanía seguirá sometida a chantaje político.
john.muller@elmundo.es